Preguntas más que respuestas: ¿Si sabemos de qué estamos hablando al referirnos al tema de las drogas?

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Dada la proximidad del debate electoral y hechos recientes que han puesto sobre la lupa el tema del consumo de sustancias, se han creado una serie de corrientes y posiciones que francamente no logro comprender. Además, se ha hecho popular la utilización de ciertos términos que suenan fuertes y hasta intimidantes, pero que al final no dicen nada. Analicemos por qué.

El llamado “prohibicionismo”.

¿A qué se refieren algunas personas cuando hablan del prohibicionismo frente a las drogas? No lo comprendo, y explicaré mi falta de entendimiento al respecto. Primero hagamos algo de historia. Desde la famosa sentencia C-221 de 1994 con la cual se despenalizó por primera vez el consumo de las llamadas sustancias ilegales, amparada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es mucha el agua que ha pasado bajo el puente. Posteriormente, el acto legislativo 02 de 2009 revive nuevamente la penalización frente al consumo y porte de sustancias como marihuana, cocaína y otras más consideradas ilegales. Pero, la sentencia C – 491 de 2012 nuevamente despenaliza el porte y uso de la llamada dosis personal. Siendo así, a la fecha el porte de dosis personal para consumo al igual que este, no se considera delito, contravención o algo que se le asemeje. ¿Entonces, cuál prohibición? Bueno, hay que aclarar un detalle pequeño: Todo lo anterior aplica para personas mayores de 18 años. Ahora bien, si se pretende también aceptar el consumo en menores de edad, la tarea le corresponde a la Corte Constitucional y proceder a declarar inexequible el numeral 3 del artículo 20 de la ley 1098. Esa es la ruta a seguir. ¿Sí lo hará la corte? Lo dudo.

Podemos también precisar otras circunstancias. Si con abolir el prohibicionismo se refieren a permitir que una persona llegue bajo efectos del alcohol a su sitio de trabajo, que un estudiante entre “trabado” a clases, que un piloto maneje un avión dos días después de haber fumado marihuana, que un profesor pueda fumar cigarrillo en el patio del colegio, que alguien conduzca un carro así sea después de haber bebido tres cervezas, que un controlador aéreo maneje el tráfico después de haberse dado un “chute” de heroína o que el tendero le pueda vender aguardiente a un chico de 15 años, personal y profesionalmente me opongo a eliminar tales prohibiciones. Les recuerdo: En la actualidad todas las conductas mencionadas previamente son prohibidas. Deben notar también, que en ningún caso se hizo enjuiciamientos de que las personas en cuestión fueran drogadictos, alcohólicos, “chirretes”,  o cosas semejantes. Se señalaron conductas, no se juzgaron personas. Entonces… ¿a qué se refieren con prohibicionismo aquí en Colombia?

El llamado “moralismo”

Este me desconcierta aún más que el anterior. Nunca he sabido si al llamar a alguien moralista lo está halagando, acusando o condenando. Y por alguna otra compleja razón, muchas veces se tiende a asociar al llamado moralista con alguna corriente religiosa en particular. Sería bueno, definir y entender los términos. La ética es considerada como una rama de la filosofía encargada de estudiar la orientación de bondad o maldad de las conductas. Para ello, debe obligatoriamente ubicarlas en un tiempo y en un lugar. Aquí es donde se conecta con la moral, que es definida como el conjunto de reglas, normas y consensos construidos por un grupo humano, con el fin de juzgar y regir la conducta humana. Podríamos extendernos y discutir si ética y moral son lo mismo o difieren en su extensión semántica. Lo cierto es que las religiones no son la única fuente de líneas morales. O dicho de otra forma, conocer las creencias religiosas de una persona no es un elemento que me lleve fácilmente a predecir su comportamiento. Alguien diría que sí: En los Estados Unidos solo el 5% de los reclusos se reconoce ateos, el otro 95% dicen estar adheridos a alguna religión. Por lo tanto, si alguien nos dice que es cristiano, podríamos llegar a pensar que es más probable que llegue a una cárcel. Hay una falacia encerrada en el planteamiento anterior y les invitamos a que la descubran, pero han de reconocer que es supremamente tentador creerla.

Continuemos, hagamos un paralelo entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ley 599 del año 2000 o código penal colombiano. Por ejemplo, el artículo 103 del código penal expresa que “El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años”. El quinto mandamiento de la ley de Dios dice “No matarás” (Deuteronomio 5:17). La pregunta del millón: ¿Es moralista aquel que exhorta a otros a no matar en nombre de Dios o en nombre de la ley 599?  ¿Dónde está la diferencia para el muerto? No creo que valga la pena hacer lo mismo con el hurto o la injuria.

Para los efectos prácticos, seguimos sin entender a donde se quiere llegar con los señalamientos de “moralistas” o el “prohibicionismo” cuando se intenta hablar de la gestión de políticas públicas de salud frente al consumo de SPA.

El real y verdadero meollo del asunto

Ya insinuamos hacia donde debe ir la discusión y en que términos. Debemos entender que el consumo de SPA se ha convertido y es reconocido como un asunto de salud pública. O al menos eso dice la ley 1566 de 2012. Al ser un problema de salud sería muy tentador dejar de lado a otros agentes como el sector educativo o el de justicia. No es así, ellos también tienen injerencia y responsabilidad en dar respuestas y soluciones. También, hay que establecer diferencias muy claras entre mayores y menores de 18 años; entre las personas que no han iniciado el consumo, los que lo hacen de manera incipiente y quienes ya tienen una larga y compleja trayectoria. Así mismo, hay que distinguir entre quienes solo consumen y quienes además están involucrados en venta, tráfico y distribución. Sea esta la oportunidad para aclarar que si bien hay consumidores que venden, se les judicializa es por el delito de distribución o venta, no por la acción de consumir. Recordemos: el consumo está despenalizado en los adultos y en los menores de 18 años hay que impedirlo.

Así mismo, no se relacionan de manera absoluta el brindar atención médica a un habitante de calle que es consumidor regular de sustancias con la realización de acciones preventivas con estudiantes de 5° en un colegio. Ambas acciones son necesarias, pero atienden a objetivos diferentes. En la llamada guerra contra las drogas, se han invertido esfuerzos enormes en atacar la oferta, pero las acciones para contrarrestar  la demanda han sido más bien tímidas. Nos hemos dado a la tarea de preguntarle aleatoriamente a algunos estudiantes de grado 11° de diversos colegios, cuántos talleres, conferencias, conversatorios o similares recuerda haber recibido a lo largo del bachillerato. Sorprendentemente la gran mayoría refieren que ninguno. Algunos otros dicen que a lo sumo uno o dos. Entonces, si las acciones preventivas escasean en nuestros planteles, ¿por qué la sorpresa en el incremento del consumo de SPA entre los menores de edad? Al parecer, las maniobras de generación de “nuevos cliente” por parte de los carteles de la droga son más eficientes y eficaces que las estrategias para evitarles nuevos adeptos, o sea, la prevención. Desde la ley 30 de 1986 hasta la 1566 de 2012, hay cantidad de leyes, decretos y normas que hablan de la necesidad e incluso obligatoriedad de las acciones preventivas en colegios y otros ámbitos. Llama la atención cuando se usa el término “obligatorio” y no ocurre nada por no hacer aquello que estaba ordenado.

Entonces, si realmente estamos en disgusto, molestos, preocupados y angustiados con este panorama tan ensombrecedor relacionado con el consumo de SPA en los menores de 18 años, hagamos las siguientes preguntas:

  • ¿Asisto a las llamadas escuelas de padres y madres cuando el colegio las convoca a propósito del tema?
  • ¿Soy claro en hablarle a mi hijo acerca de la restricción frente al consumo de sustancias, así sean de orden legal?
  • ¿Denuncio el expendio de alcohol a menores de edad por parte de establecimientos comerciales?
  • ¿Informo a los padres de otros niños o jóvenes la certeza (la sospecha no es suficiente) que se tiene acerca del consumo de SPA que él está teniendo?
  • ¿Busco los medios para ofrecerle atención especializada a mi hijo, si la llegara a necesitar? En principio y desde la teoría, con la ley 1566 de 2012, el dinero no ha de ser una limitación para acceder a servicios altamente especializados. Pero esta es otra discusión.
  • ¿En la familia tenemos posiciones claras y coherentes con lo que manda la ley, frente al consumo de SPA por parte de nuestros hijos menores de edad?
  • ¿En mi institución educativa, hay un programa, política, estrategia o algo que se le asemeje para brindarle herramientas a los estudiantes para prevenir el consumo de SPA?
  • ¿Dicha estrategia es transversal y de largo alcance o solo de momento?
  • ¿Acudo a la expulsión de un estudiante con la sola sospecha de que consume marihuana?
  • ¿Por qué nos alarmamos con los estudiantes usuarios de marihuana pero no decimos o hacemos nada con muchos otros que sabemos consumen alcohol con regularidad?

Nótese que aquí las preguntas van dirigidas a familias y colegios. Tengo otra tanda más de preguntas hacia los prestadores de servicios de salud, pero eso será tema de otro publicación. Como se advirtió al inicio, hay preguntas más que respuestas y sería interesante dejar de lado la cortina de humo que se lanza cuando se habla de “moralistas” y “prohibicionismo”. Eso nos aleja de lo nuclear y central. El marco jurídico para actuar ya existe, la pregunta es: ¿Vamos a actuar?

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