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Foro Regional Ibague

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FORO REGIONAL SOBRE CONSUMO Y EXPENDIO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA ESCUELA

  • ¿Cuándo no hay más colegios en la zona, es decir una zona rural, se debe quitar el cupo al estudiante que pone en riesgo a otros compañeros?

La respuesta no puede ser un SI o NO taxativo. La sola presencia del consumo de un estudiante, no es en sí misma una condición suficiente para desescolarizarlo. Deben primero, agotarse otras instancias como haber notificado a los padres, esperar que ellos hayan tomado alguna medida y esperar un poco a que dichas acciones hayan surtido efecto. De su parte, el colegio también habrá encausado algunas acciones. Si habiendo agotado todas estas instancias y los padres no han prestado atención, se han desentendido del asunto y se han mostrado claramente negligentes, no solo se podrá proceder con la desescolarización sino que obligatoriamente, el colegio tendrá que notificar al ICBF de lo sucedido, porque se está ante la presencia de una situación de maltrato infantil: La negligencia en buscar la atención en salud es una forma de maltrato. La educación es un derecho, pero lo es igual la salud. ¿Cuál es más prioritario? No se ha sabido de alguien que haya muerto por habérsele “vulnerado” su derecho a la educación, en cambio, son incontables los casos en donde ha habido un deceso, por vulnerar el derecho a la salud. Además, la no existencia de una institución educativa cerca, no es argumento válido y suficiente para mantener a un estudiante que con clara evidencia (no por sospechas o temores) está induciendo a otros al consumo. O puesto de otra forma: ¿el derecho a la educación de un individuo está por encima del derecho a la salud y el bienestar de 3 o más?

Habría otra situación especial a considerar: Qué a pesar de la negligencia de los padres, el muchacho está dando muestras y conduciendo acciones encaminadas a suspender el consumo. En este caso, se descarta la posibilidad de desescolarización, porque no está siendo una influencia negativa para los demás. Aun cuando suene extraño, hay varios casos reportados en donde los estudiantes han tenido un apoyo de parte de la institución para encaminar un proceso de abandono del consumo. O dicho de otra manera, por la negligencia de los padres, no debe pagar el estudiante con buena voluntad y acciones orientadas al cambio.

  • ¿Cuál sería la ruta a seguir en comunidades indígenas, cuando no permiten estatutos que no pertenezcan a su entorno?

Hay que definir el contexto. Si se está hablando de niños indígenas que están siendo educados dentro de su propia comunidad, cualquier acción depende directamente de la comunidad misma. Pero, si el niño o joven se encuentra en una institución educativa por fuera de la comunidad indígena, la situación cambia. El colegio es responsable de todos sus integrantes (estudiantes, profesores, empleados, etc) por su integridad física y mental. Por lo tanto, si hay estudiantes indígenas en situación de consumo, igual sus padres deben responder ante el estado colombiano y ante la autoridad del cabildo. No es sano generalizar, pero hay experiencias molestas en donde algunos indígenas, han usado convenientemente su condición étnica para sacar provecho de su comunidad de origen y a la vez de la “otra sociedad”, es decir, la comunidad no indígena. Las leyes colombianas ya han definidos límites en ese sentido. Por ejemplo, en unas comunidades que practicaban la ablación del clítoris en las niñas, el estado colombiano se manifestó y prohibió dicha práctica, así ellos argumentarán que era parte de sus tradiciones culturales ancestrales. El estado colombiano ha elevado la protección integral de los niños, niñas y adolescentes por encima de prácticas culturales, que en este caso, atentaban con evidente contundencia contra la integridad, salud y bienestar de las niñas. Otro ejemplo es el de la negación por la religión, de la práctica de la transfusión de sangre. Si se trata de un niño y su vida depende de ello, se hace la transfusión, por encima de la restricción religiosa. Es el caso de los testigos de Jehová. Entonces, ser indígena no excluye de la responsabilidad del cuidado del menor de edad que pueda estar en situación de consumo.

  • ¿Qué sitios o lugares hay para tratamientos o ayuda de aquellos jóvenes que quieran rehabilitarse? ¿Cómo acceder?

Fácil y difícil. Fácil en el sentido de que la ley 1566 de 2012 “por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas…”, reconoce el consumo de sustancias como un asunto de salud pública. Esta mención tiene enormes repercusiones. Primero, le corresponde al estado garantizar dicha atención a quienes lo necesiten o lo demanden. Y con los menores de edad, el asunto es más estricto. Dicha atención ha de ser integral, oportuna y completa. Se refuerza con la ley 1616 de 2013 o ley de salud mental. Siendo concretos: Si los padres de un chico de 15 años quisieran internar a su hijo en un centro privado (y hay mérito clínico para ello) y no cuentan con los recursos, es obligación de la EPS darle el servicio. En menores de edad, su consentimiento no se considera para procedimientos de internamiento. Que eso contribuya o no en el tratamiento, es otra discusión. Esta es la parte fácil: Entre la ley 1566 de 2012 y la 1616 de 2013 se crea el escenario jurídico para que cualquier adolescente, independientemente de sus recursos económicos, pueda acceder a un tratamiento de calidad, bien sea público o privado.

Lo difícil: Obligar a que la EPS preste el servicio. Existen EPS muy diligentes y respetuosas de la ley, que cuentan con centros de atención propios o que han establecido convenios con instituciones especializadas en el tema. Pero hay otras que están rezagadas en este sentido. Lamentablemente y no es un secreto, en muchos casos hay que acudir a la instauración de acciones de tutela para que se haga cumplir el derecho a la salud. Que la EPS no tenga su propio centro o que no tenga convenios con centros especializados, no es problema del usuario y no puede ser una razón para no prestar el servicio. Por lo tanto, no tener dinero, hoy por hoy, no es una excusa para que un menor de edad no pueda recibir un tratamiento de altos estándares de calidad. Aquí entran los abogados a interceder para orientar correctamente la tutela para que la EPS preste el servicio.

  • Si en una institución educativa, un estudiante es sorprendido con sustancias psicoactivas, se llama a la policía de infancia y adolescencia y ésta dice que no tiene la cantidad suficiente para judicializar y que es la institución quien debe definir que hacer ¿Cómo debe actuar la institución?

Aquí hay que hilar fino y definiendo las prioridades. La policía podrá argumentar que la cantidad no es la suficiente para considerar la situación como tráfico, es decir, que no está incurriendo en delito al no superar ciertas cantidades. Pero, la sola tenencia de sustancias psicoactivas por parte de un menor, independientemente de su cuantía, ya es motivo suficiente para informar a sus padres y considerar la situación como un problema de salud. La falta según el manual de convivencia, es secundario frente a la situación de salud. Todo esto amparados en lo que reza la ley 1098 de 2006 o código de infancia y adolescencia. Entonces, la dosis personal para menores de edad, no existe, pero si aplica las cantidades que los pueden llevar a incursionar en la condición de delito por tráfico y/o distribución.

Hay que seguir la ruta pedagógica expuesta, que puede ser descargada en este vínculo: DESCARGAR. Es decir, hay que buscar el mecanismo pedagógico y terapéutico conducente a eliminar el consumo en el niño, la niña o el adolescente. Con los adolescentes no aplican ciertas políticas de reducción de daño, que se desarrollan en Europa y están empezando a penetrar en nuestro país. Dichas políticas están dirigidas a las personas mayores de edad. No existe argumento ético, moral, legal, clínico o terapéutico que permita hablar de consumo responsable de sustancias por parte de menores de edad. Podrá sonar muy radical, pero es algo que debería estar por fuera de discusión: En tanto que menores de edad, es deber y obligación de los adultos alejarlos de riesgos que atenten contra su integridad física y moral. Y sin lugar a equívocos, el consumo de sustancias psicoactivas es claramente una situación de alto riesgo para ellos.

  • ¿Cuáles se consideran evidencias de SPA en la institución?

La pregunta es muy amplia y por lo tanto, puede sugerir muchos caminos. Si estamos interesados en identificar los casos de estudiantes involucrados en consumo, hay que atender a las señales comportamentales: Disminución marcada en su rendimiento académico, apariencia de sueño y cansancio, cambio de amistades, cambios en su forma de vestir o en el lenguaje que emplea, injustificación del dinero que emplea, pérdida de objetos en la casa, mentiras reiteradas, descuido en el cuidado personal, cambios abruptos en el estado de ánimo. Es importante que estén presentes varios de estos indicadores, no basta con uno o dos, o sino… todos los adolescentes recaerían en el espectro de la sospecha.

  • ¿Qué hacer por los más pequeños?… cómo evitar que lleguen al consumo, sólo se habla de jóvenes de 12 años en adelante. ¿Porque no crear un pacto de convivencia escolar en el cual todos o al menos a nivel de Tolima se hable en mismo idioma?

Esta pregunta es supremamente importante. La identificación de los consumidores o posibles distribuidores, es algo que roba mucho la atención. Claro que es importante y hay que atenderlo, pero sin acciones preventivas y promocionales de la salud, solo estaremos resolviendo las consecuencias, sin atacar la causa. Es indispensable hacer acciones conducentes a crear escenarios de prevención desde la temprana edad. Dichas acciones deben ser de largo aliento y no solo de momento. Han de tener una estructura transversal y disponer de un sistema de evaluación de resultados. Lo más importante, debe haber un espacio asignado en la malla curricular y no estarle “robando” horas al profesor de matemáticas, física o español. La prevención y promoción de la salud, no es un extra que hacen los colegios. Es una obligación, al menos eso reza la ley. ¿Qué sucede si los colegios no cumplen con esta exigencia? La ley no es explicita ni clara al respecto, por lo tanto, esa ambigüedad da espacio para su no cumplimiento.

Juguemos un poco con los números. Darle una atención terapéutica idónea a un joven, que está imbuido en una delicada situación de consumo de SPA, puede costar al año alrededor de 50 millones de pesos. Con ese mismo dinero, se pueden atender en programas de prevención, por lo menos 3 instituciones educativas que alberguen 800 estudiantes en bachillerato. Es decir, tratar a un consumidor cuesta $4.100.000 por mes en tanto que la inversión para brindarle acciones de prevención a un estudiante es de $20.800 por mes. Si se hacen las proyecciones y logramos reducir la incursión de nuevos jóvenes al consumo, estaremos ahorrando mucho dinero en tratamientos. Claro, hay otro camino y es no invertir ni en prevención ni en tratamiento.

En este vínculo, pueden observar los resultados de una estrategia que ha arrojado resultados exitosos: DESCARGAR.

  • Cómo ve la posible legalización de la marihuana (legalización de SPA) en términos de comunicación-cultura–drogas.

Esta pregunta tiene tanto de ancho como de largo. Si tomamos como referente el caso de Uruguay, ellos tienen evidencias que muestran como el consumo de marihuana entre jóvenes aumentó tras la legalización de la marihuana, lo cual podría ser un argumento para no hacerlo: “En Uruguay, en el periodo 20032014 el consumo de marihuana se duplicó, pasando del 8,4% al 17%” (Cicad, 2015).

Pero la otra cara de la moneda es que con las sustancias legales como el alcohol, el tabaco y los medicamentos de prescripción, ya hay suficientes situaciones complejas. El grave problema que implica la legalización y que no es evidente por sí mismo, es que al tener un estatus de “legal”, puede conducir a la reducción de la percepción de riesgo frente a la marihuana. La reducción en la percepción de riesgo se ha visto que es una variable muy incidente en el aumento del consumo.

Actualmente, hay un discurso “muy sospechoso” frente a la marihuana al ser presentada como una sustancia inofensiva, inocua o afirmar que el tabaco y el alcohol son más perjudiciales. Si nos devolvemos en la historia, exactamente lo mismo se decía del tabaco en los años 50. Es más, la publicidad del cigarrillo usaba la figura de médicos diciendo que era inofensivo. Las evidencias llegaron y la industria tabacalera tuvo que reconocer que estaba equivocaba. Eso le costó algunas demandas multimillonarias en los E.E.U.U. lo cual no afectó para nada las ganancias que ya había percibido. ¿Vamos a hacer lo mismo con la marihuana: Presentarla como inofensiva y luego reconocer que efectivamente es perjudicial? Me parece un juego sucio amalgamado en la ignorancia de las personas. O dándole la vuelta al dado: Así como el alcohol y el tabaco tienen claramente enunciadas en sus etiquetas las advertencias sobre sus riesgos para la salud, ¿Cuáles serían las advertencias que se colocarían en las cajetillas de cigarrillos de marihuana? Si no se llegará a colocar ninguna, estaríamos claramente ante una situación de evidente e intencionada perversión comercial.

Dicho de manera un directa, las personas tienen derecho a estar correcta, completa y verazmente informadas. La decisión que quieran tomar, conociendo los riesgos, eso es ya asunto de cada cual. Obviamente, esto aplicado a personas mayores de edad. En la referente a los menores de edad, la situación no cambia en nada: Para ellos seguiría siendo restrictivo el uso de marihuana, como ya lo es el de alcohol y cigarrillo. Sin embargo, si hubiera legalización de la marihuana, deberían aumentar las acciones preventivas. Siendo el alcohol y el tabaco legales hoy en día, ¿cuál es el nivel de penetración de las acciones de prevención a nivel escolar y comunitario actualmente? Saquen sus conclusiones.

  • Cuando se habla de posibilidad de desescolarización de un estudiante presuntamente consumidor ¿No se estaría violando el derecho a la educación de este estudiante?

En la pregunta está la respuesta. Claro que se está violentando el derecho a la educación del estudiante al desescolarizarlo… solo con la presunción de consumo. Eso no se discute. Previamente ya mostramos los caminos a seguir cuando hay evidencias de consumo y como son varios los actores que deben participar en brindar atención y protección. La desescolarización ha de ser un extremo último ante la clara amenaza de que el estudiante está induciendo a otros al consumo y los padres se han mostrado claramente indiferentes. Si se trata de tráfico o distribución, la desescolarización puede ser inmediata, porque ya estamos penetrando el terreno penal. Lo que si debe ser claro es que la sola sospecha no es suficiente para tomar ninguna decisión.